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La abogacía en España se enfrenta a una realidad alarmante en cuanto a las pensiones de sus profesionales. La lucha por una pensión justa, que no privilegie a unos pocos, se ha intensificado, revelando un sistema que ha dejado a miles en una situación precaria.
En el contexto actual, es crucial comprender cómo el sistema de pensiones afecta a los abogados en activo. Se estima que alrededor de 2.500 de ellos se encuentran en riesgo de recibir pensiones inferiores a 400 euros, mientras que otros 15.000 podrían cobrar entre 500 y 700 euros mensuales, tras más de 35 años de dedicación al ejercicio de la profesión.
La injusticia en el sistema de pensiones para abogados
Desde hace años, los abogados autónomos en España, especialmente aquellos que forman parte de la Mutualidad de la Abogacía, han sido víctimas de un sistema de pensiones profundamente injusto. A diferencia del régimen general de la Seguridad Social, las prestaciones que reciben al momento de jubilarse son, en muchos casos, indignas y marcadamente insuficientes.
La situación es aún más preocupante si consideramos que muchos de estos abogados fueron “obligados” a cotizar exclusivamente en la Mutualidad de la Abogacía sin contar con una alternativa viable. Este hecho ha llevado a que muchos se enfrenten a una dura realidad al llegar a la jubilación, cuando descubren que sus pensiones son significativamente inferiores a las que hubieran recibido si hubieran cotizado en el sistema general.
La urgencia de una reforma estructural
La reclamación por unas pensiones justas no es solo un capricho de la abogacía, sino una demanda legítima y urgente. Esta situación plantea un desafío no solo económico, sino también político e institucional. Es fundamental que el Estado garantice protección a quienes contribuyen al sistema de justicia, y se debe cuestionar la falta de acción en este ámbito.
Más de 2.500 abogados corren el riesgo de pensiones insuficientes.
15.000 abogados podrían cobrar pensiones que apenas alcanzan los 700 euros.
La falta de información y opciones ha dejado a muchos en una posición vulnerable.
En los últimos años, un número significativo de abogados jubilados ha iniciado acciones judiciales y administrativas con el respaldo de plataformas como el Movimiento #J2, exigiendo reformas que incluyan:
Mejoras fiscales en fase de jubilación.
Opciones para recuperar aportaciones destinadas al RETA.
Posibilidad de compatibilizar la jubilación con el ejercicio profesional.
A pesar de estas demandas y del respaldo que han obtenido, la respuesta del Gobierno ha sido ambiguo y lento. Aunque el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha reconocido la necesidad de revisar el estado de las mutualidades, aún no se ha promovido una solución estructural que aborde estas injusticias.
El papel de la Unión Europea en la solución del conflicto
La situación ha llamado la atención de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que ha admitido a trámite una solicitud de la Abogacía Española para investigar las condiciones de miles de abogados en España. Esta investigación se produce en un momento en que la proposición de ley del PSOE, que permitiría a los mutualistas integrarse en el régimen público de cotización (RETA), permanece paralizada.
El presidente del Parlamento Europeo ha confirmado que este caso se encuentra dentro del ámbito de la UE, lo que podría resultar en una investigación preliminar. Salvador González, presidente de la Abogacía, ha expresado su satisfacción por este avance, subrayando que una pensión digna es un derecho constitucional y un componente fundamental del modelo social europeo.
Reformas en la Mutualidad de la Abogacía
La Mutualidad de la Abogacía, que durante años se presentó como una alternativa equiparable a la Seguridad Social, ha cambiado su estrategia en respuesta a la creciente desconfianza. Recientemente, ha eliminado la referencia a la abogacía en su nombre y ha lanzado un plan de rebranding con la intención de desvincularse de las críticas y proteger su imagen ante posibles intervenciones.
Sin embargo, este cambio de imagen no es suficiente. El diseño del sistema, basado en la capitalización individual, ha demostrado ser insuficiente para garantizar pensiones dignas en un entorno económico cambiante, caracterizado por una inflación creciente y una esperanza de vida en aumento.
Implicaciones sociales y éticas de las pensiones para abogados
La reclamación por pensiones justas para los abogados no solo es una cuestión gremial; tiene implicaciones sociales profundas. Mantener un sistema que castiga a quienes han trabajado arduamente solo por haber cotizado a través de una mutualidad es un reflejo de la falta de equidad en nuestra sociedad.
Las pensiones justas son esenciales para una sociedad equitativa.
La dignidad de los abogados en su jubilación debe ser una prioridad.
Este asunto interroga nuestra coherencia democrática y social.
En consecuencia, se plantea una pregunta fundamental: ¿estamos dispuestos a seguir avalando un sistema que perjudica a quienes han contribuido de manera significativa al funcionamiento de la justicia? Las pensiones dignas para los abogados no son un lujo, sino un derecho inalienable que debería ser garantizado por el sistema.
