Degradación del Tribunal Constitucional por Conde-Pumpido y sus aliados

La influencia política en el sistema judicial es un fenómeno que ha preocupado a muchos países, y España no es la excepción. En tiempos recientes, la intervención del Gobierno en el poder judicial ha alcanzado niveles alarmantes, especialmente bajo la administración de Pedro Sánchez. Este artículo se adentra en la degradación del Tribunal Constitucional (TC) bajo la dirección de Cándido Conde-Pumpido y su grupo de magistrados, conocidos como las “pumpidettes”, y cómo esta situación ha afectado la independencia judicial en el país.

El contexto de la politización del Tribunal Constitucional

La politización del TC no es un fenómeno nuevo, pero en la actualidad se ha intensificado de manera preocupante. Históricamente, todos los Gobiernos han intentado influir en la Justicia a través de diversos mecanismos, como el nombramiento de miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, se ha observado un esfuerzo sistemático para subordinar el Poder Judicial al Ejecutivo, debilitando así la separación de poderes.

Según el periodista Francisco Rosell, este proceso ha sido acelerado con la intención de consolidar un único poder, el Ejecutivo, que controle las tres funciones del Estado. El nombramiento de Cándido Conde-Pumpido como presidente del TC simboliza este movimiento, ya que se le considera un magistrado con fuertes vínculos políticos, especialmente con el PSOE. Esto ha llevado a la formación de una mayoría progresista en el Tribunal, poniendo en tela de juicio la imparcialidad de sus decisiones.

La composición actual del Tribunal Constitucional

La actual composición del TC, que cuenta con una mayoría de 7 a 5 a favor de los magistrados de tendencia progresista, ha generado preocupación en el ámbito jurídico. La falta de representación del sector conservador, acentuada por la no cobertura de la vacante del magistrado Alfredo Montoya, ha llevado a que las decisiones del Tribunal sean, en muchas ocasiones, previsibles y alineadas con los intereses del Gobierno.

• Desigualdad en la representación: La ausencia de magistrados del Tribunal Supremo en las últimas elecciones parciales ha contribuido a la percepción de que el nivel jurídico del Tribunal se ha visto afectado.
• Divisiones internas: Mientras que anteriormente las divergencias en el TC eran de naturaleza jurídica, ahora parecen estar impregnadas de una carga política que compromete su legitimidad.
• Consecuencias de la politización: La falta de independencia puede resultar en decisiones que no solo ignoren el marco legal, sino que también deslegitimen el papel del Tribunal en un Estado de Derecho.

Errores de forma en las decisiones del TC

Uno de los primeros errores de forma que se evidenció tras la llegada de Conde-Pumpido fue la ruptura de la tradición de que la vicepresidencia del TC fuera ocupada por un magistrado con una tendencia diferente a la del presidente. En su lugar, se eligió a Inmaculada Montalbán, quien no solo carecía de la experiencia necesaria, sino que también tenía vínculos políticos que comprometían su imparcialidad.

Además, el manejo de las recusaciones ha dejado al descubierto la falta de transparencia y objetividad del Tribunal. En un caso emblemático en 2023, el TC desestimó las recusaciones del PP contra magistrados que habían expresado opiniones previas sobre una ley polémica, lo que generó un intenso debate sobre la legitimidad de sus decisiones.

Errores de fondo en la jurisprudencia del TC

Más allá de los errores formales, los errores de fondo en las decisiones del TC son igualmente alarmantes. Desde su llegada al cargo, Conde ha tratado de constitucionalizar las decisiones más controvertidas del Gobierno, como la Ley de Aborto de 2010. A pesar de que el ponente original había validado dicha ley, Conde optó por cambiar la ponencia a Montalbán, quien finalmente aprobó la ley en su totalidad, generando críticas sobre la calidad jurídica de sus sentencias.

La jurisprudencia del TC ha empezado a divergir significativamente de sus sentencias anteriores, abandonando principios fundamentales que han regido el Derecho español durante décadas. Esto se ha traducido en la aprobación de leyes que, en ocasiones, parecen ir en contra de derechos fundamentales, como el derecho a la vida del nonato, que antes era considerado un bien jurídico protegido por el Estado.

El impacto en el Tribunal Supremo

El TC ha comenzado a mostrar una tendencia a intervenir en las decisiones del Tribunal Supremo, lo que plantea serias dudas sobre la jerarquía de las instituciones judiciales en España. Según la Constitución, el TS es el órgano superior en materia de justicia, salvo en cuestiones de garantías constitucionales. Sin embargo, el TC ha actuado como si tuviera la capacidad de revisar y anular las decisiones del TS, lo que podría socavar la confianza en la justicia.

• Intervenciones injustificadas: Casos previos como el de Sortu y los amparos a figuras políticas han evidenciado una intromisión del TC en asuntos que competen al TS.
• Desafíos a la independencia: Estas acciones han suscitado preocupación entre juristas sobre la autonomía del TS y su papel en el sistema judicial.
• Posibles repercusiones legales: Existe un creciente debate sobre si los magistrados del TC podrían ser responsables por prevaricación, dada su actuación en casos polémicos.

Las controversias recientes y su repercusión

Recientemente, el TC ha tomado decisiones que han suscitado un amplio rechazo, como en el caso de los ERE en Andalucía, donde se anularon sentencias del TS que habían condenado a altos funcionarios por malversación. Esta intervención no solo ha generado críticas desde el ámbito judicial, sino que también ha llevado a la Audiencia Provincial de Sevilla a plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que refleja la creciente tensión entre las instituciones.

La decisión del TC de anular sentencias de condena ha sido considerada por muchos como un intento de proteger a políticos implicados en casos de corrupción, lo que ha alimentado la percepción de que el Tribunal está al servicio de intereses políticos, en lugar de cumplir con su función de garante de la Constitución.

Perspectivas futuras del Tribunal Constitucional

De cara al futuro, el TC se enfrenta a retos significativos, especialmente en su papel en la constitucionalización de leyes polémicas, como la Ley de Amnistía. Con el líder independentista Carles Puigdemont presionando por un regreso a España sin consecuencias legales, el TC podría verse en la necesidad de tomar decisiones que comprometan aún más su independencia.

El desafío que representa la posible constitucionalización del referéndum de autodeterminación en Cataluña también pone en evidencia la creciente presión política sobre el TC. La habilidad de Conde para reinterpretar la Constitución podría llevar a un cambio radical en la estructura del Estado español, generando un clima de inestabilidad jurídica que afectaría a toda la sociedad.

Las críticas a la politización del TC han aumentado, con juristas como Javier Gómez de Liaño lamentando la pérdida de independencia del Tribunal y advirtiendo sobre las consecuencias de un sistema judicial que actúa bajo la influencia del poder político. La degradación del TC no solo amenaza su legitimidad, sino que también pone en riesgo los principios fundamentales del Estado de Derecho. La comunidad jurídica y la sociedad civil deben estar alerta y exigir un retorno a la independencia y la imparcialidad en el sistema judicial español.